El alcalde de Sitges, Miquel Forns, se suma al comunicado y petición de los ex presidentes de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña, impulsado por el Síndic de Greuges, y justifica que «me adhiero a la petición que en las presas y presos políticos catalanes se les puedan aplicar medidas alternativas a la prisión provisional, para tener así mayor garantía del derecho de defensa en el juicio «.
El alcalde de Sitges, Miquel Forns, suscribe el comunicado firmado conjuntamente por los ex presidentes de la Generalitat y el Parlamento -que está promovido por el Síndic de Greuges- para reclamar al Tribunal Supremo que se garantice el derecho de defensa de los nueve políticos catalanes y que se ‘liberen durante la celebración del juicio del 1-O. El alcalde ha firmado el documento de adhesión al comunicado este viernes para sumarse a la petición que se hace desde la Asociación Catalana de Municipios (ACM), en la que se pide que se consideren medidas alternativas a la prisión preventiva de los inculpados para que puedan afrontar el juicio del proceso con todas las garantías legales. Forns asegura que «en unos tiempos en que los derechos ya están bastante restringidos, me adhiero a la petición que en las presas y presos políticos catalanes se les puedan aplicar medidas alternativas a la prisión provisional, para tener así mayor garantía del derecho de defensa en el juicio que pronto comenzará «.
El comunicado está firmado por los ex presidentes de la Generalitat, Jordi Pujol, Pasqual Margall, José Montilla, Artur Mas y Carles Puigdemont; los ex presidentes del Parlamento, Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, impulsor del documento. El texto destaca que el derecho de defensa de los presos es «un derecho fundamental en un estado de derecho democrático, y cualquier persona acusada de un ilícito penal debe poder disponer de medios adecuados para ejercer de manera efectiva». El comunicado remarca que «la prisión preventiva tiene unas causas tasadas en el ordenamiento jurídico español que no siempre se interpretan en sus justos límites, lo que la convierte, de hecho, en una pena anticipada».