El alcalde de Sitges, Miquel Forns, asegura que «buscaremos la manera de poder hacer la consulta con las máximas garantías». El Gobierno Municipal y la CUP denuncian las formas de la Delegación del Gobierno con las que se ha comunicado la decisión de suspender la Consulta Popular.
La Delegación del Gobierno del Estado en Barcelona ha pedido al Ayuntamiento de Sitges, vía llamada y correo electrónico, que no se celebre la consulta popular no referendaria de carácter sectorial sobre la segregación de Les Botigues convocada para este sábado, 26 de mayo, porque a su juicio requiere de una autorización previa del Consejo de Ministros. Ante el riesgo de que, efectivamente, la consulta sea suspendida, desde el Consistorio se ha evaluado la situación y se ha considerado conveniente desconvocarla. Otros municipios en situaciones similares, como Tossa de Mar, han visto suspendidos procedimientos participativos como el iniciado en Sitges a pocos días de celebrarse.
El Gobierno Municipal denuncia la decisión adoptada por la Delegación del Gobierno «porque hace una interpretación extensiva y errónea de lo que es un referéndum. En su razonamiento, mezcla la Ley de Bases de Régimen Local, de 1985, que hace referencia a consultas populares con efectos jurídicos, con la iniciativa participativa iniciada por el Ayuntamiento de Sitges «, tal como ha explicado el alcalde de Sitges, Miquel Forns.
El Batlle ha asegurado que «lo que queríamos era sacar adelante una consulta no referendaria, fundamentada en la Ley de Consultas no refrendar del Parlamento de Cataluña. Cabe recordar que la voluntad de la iniciativa es conocer lo que piensan los vecinos empadronados en Las Tiendas de Sitges para posteriormente someterlo a la consideración del pleno del Ayuntamiento de Sitges, posteriormente al del Ayuntamiento de Castelldefels y en última instancia a la Generalitat de Cataluña. Un proceso participativo en toda regla que ningún parecido tiene con un referéndum vinculante, más allá de invitar a la ciudadanía a meter un boleto en una urna «.
Miquel Forns denuncia que «si recriminable nos parece la decisión y el razonamiento de la Delegación del Gobierno, más criticables nos parecen las formas con que se nos han comunicado por extemporáneas y por alejadas de lo que debería ser lo normal en un estado de derecho y en una democracia avanzada del siglo XXI. El correo electrónico se ha enviado a pocos días de la votación, previa llamada al alcalde, cuando la decisión de llevar adelante la consulta ya se hizo pública hace tres años en la presentación del Plan de Mandato 2015-2019; cuando el pleno se apoyó hace meses, y cuando llevamos semanas de campaña comunicativa con un amplio eco mediático y en las redes sociales «.
Para la primera teniente de alcalde, Aurora Carbonell «no dudamos que la voluntad del Estado ha sido aplastar sin contemplaciones un proceso participativo modélico. Lo que ha sido un trabajo de meses se lo quieren cargar y dinamitar ahora de golpe mediante un escrito a la Abogacía General del Estado. Todo ello, con el fin de imponer los planteamientos propios de unas formas de gobernar autoritarias «. Aurora Carbonell destaca que «la manera de hacer del Estado sigue un patrón muy claro. Nosotros denunciamos el ataque vergonzante y flagrante a la autonomía local, las políticas de participación y las leyes catalanas y también denunciamos la ‘urnafòbia’ que demuestran «.
El gobierno municipal del Ayuntamiento de Sitges se mantiene firme en «compartir con la ciudadanía las decisiones más trascendentales. Nosotros queremos saber qué piensan los vecinos de Les Botigues de Sitges sobre una cuestión tan importante para ellos como lo es su pertenencia a Sitges o en Castelldefels y seguiremos buscando la manera de conocer su opinión «, ha dicho Miquel Forns. En este sentido, el alcalde ha anunciado que «buscaremos la manera de poder hacer la consulta popular con las máximas garantías para obtener la opinión mayoritaria de los vecinos y vecinas, ya que nos obliga nuestra condición de administración pública local democrática y el compromiso adquirido ante una ciudadanía «.
Para el portavoz del Gobierno Municipal y concejal de Gobierno Abierto, Josep Moliné, «este compromiso nos hace avanzar en formas de gestión más abiertas y participativas. Nosotros hemos pisado el acelerador para garantizar la participación y la transparencia. Lo hemos hecho convencidos y muy orgullosos de todo el proceso llevado a cabo. Cuidadoso y respetuoso. Por lo tanto, es contradictorio avanzar hacia una sociedad transparente y que dos días antes de una consulta, nos la detengan «.
Según el concejal de la CUP, Pol Vigo, «hoy se ha producido un hecho muy grave. Un ataque a la autonomía local y un ataque también al derecho a decidir de la ciudadanía sobre su futuro. Y todo ello, mediante un aviso nada formal. El Estado nos está convirtiendo en una gestoría y vulnera cualquier derecho «.
los antecedentes
El alcalde de Sitges, Miquel Forns, firmó el decreto de convocatoria de la consulta el 26 de marzo de 2018. Con el resultado de la consulta, el gobierno adquiría un compromiso municipal con la ciudadanía siempre y cuando se superara una participación superior al 35% del censo electoral.
La campaña electoral se inicial el 4 de mayo y finalizaba hoy, día 25 de mayo, plazo durante el cual se han podido escuchar todas las opciones. La votación se realizaba presencialmente el día 26 de mayo de la mañana a ocho de la tarde en la Oficina de Atención al Ciudadano situada en el Paseo Marítimo de Les Botigues, número 1.
En total, estaban llamadas a participar en esta votación 1.858 personas mayores de 16 años. Los votantes debían responder la pregunta planteada en las tres lenguas oficiales de Cataluña (catalán, castellano y aranés): «¿Está de acuerdo en que el núcleo de Les Botigues de Sitges se segregue del municipio de Sitges y se proponga su anexión al municipio de Castelldefels? «. Y la respuesta tenía una fórmula binaria: sí o no.
Como sistema de garantías, el Ayuntamiento creó una comisión de seguimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 10/2014 formada por el Juez de Paz y responsables y técnicos municipales como el secretario general; el gerente; el jefe de Organización; el responsable del padrón municipal y un referente de la concejalía de Participación Ciudadana.