El Ayuntamiento de Sitges hace frente común con el mundo local para dar una respuesta unánime a las reclamaciones de Endesa de cortar la luz a las familias vulnerables en octubre
La concejala de Derechos Sociales, Ciudadanía e Igualdad, Júlia Vigó, asiste este miércoles al mediodía en la reunión convocada por la Diputación de Barcelona con representantes de los ayuntamientos de la demarcación. El objetivo es dar una respuesta conjunta y coordinada a las reclamaciones que los ayuntamientos han recibido de la empresa Endesa en relación a la deuda de las familias en situación de pobreza energética que no han podido pagar las facturas generadas. Sitges ha recibido la carta de Endesa reclamándole 18.501, 57 euros de 14 familias en situación de vulnerabilidad.
El Ayuntamiento de Sitges trabaja para sumar esfuerzos con más de 200 consistorios catalanes, las diputaciones y el Gobierno de la Generalitat con la voluntad de dar una respuesta conjunta a las notificaciones de la empresa Endesa, en la que exige el pago de la mitad del deuda acumulada por familias vulnerables. La concejala de Derechos Sociales, Ciudadanía e Igualdad, Júlia Vigó, está presente este miércoles al mediodía en la reunión convocada por la Diputación de Barcelona con los Alcaldes de la demarcación para hacer frente de manera coordinada a los requerimientos recibidos con la amenaza de cortar la luz a los hogares más vulnerables si las administraciones no pagan la mitad de la deuda acumulada en los últimos años. La carta de Endesa, recibida este lunes en el consistorio de Sitges, reclama 18.501, 57 euros de 14 familias en situación de vulnerabilidad. El consistorio trasladará la notificación al equipo jurídico para estudiar qué acciones puede emprender.
La compañía eléctrica reclama a 250 municipios catalanes el 50% del coste de la deuda pendiente que han generado el impago dei avisa que en caso de no pagar comenzarán los cortes de electricidad a partir del 1 de octubre. La compañía eléctrica afirma que hasta 30 de junio las 25.000 familias vulnerables, que tiene detectadas mediante Servicios Sociales, tenían una deuda acumulada de más de 21 millones de euros y propone a los ayuntamientos cofinanciar, es decir, pagar a medias las facturas de las familias que no pueden hacer frente.
La intervención conjunta pretende defender la Ley de pobreza energética de 2015 que tiene por objetivo no dejar ninguna familia vulnerable sin suministro. La Generalitat mantiene que desde hace cuatro años intenta que las compañías de luz y gas firmen un convenio para establecer quién debe asumir la deuda de las facturas impagadas y en qué condiciones, pero, hasta ahora se han negado.
La concejalía de Derechos, Ciudadanía e Igualdad pone en valor el trabajo que hace la administración local para detener los cortes de luz de urgencia y otras acciones para combatir la pobreza energética. En el presupuesto de este 2019 el Ayuntamiento destina 30.000 euros a ayudas de emergencias para suministros básicos (luz, agua y gas) para asumir las dificultades de las familias vulnerables.
